En el contexto de la gestión de riesgos financieros, especialmente en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, la figura de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) adquiere una relevancia particular. Las PEP, debido a sus posiciones de influencia y responsabilidad pública, están en una posición única que puede ser aprovechada, intencionadamente o no, para involucrarse en actividades ilícitas como el lavado de activos o la corrupción. Es por esta razón que las entidades financieras y no financieras están obligadas, bajo normativas internacionales y nacionales, a implementar medidas de debida diligencia intensificada cuando establecen relaciones comerciales o realizan transacciones con PEP.
La debida diligencia intensificada no es más que un conjunto de procedimientos diseñados para identificar y evaluar los riesgos que tales relaciones y transacciones pueden conllevar. Parte esencial de estos procedimientos incluye la obligación por parte de las PEP de proporcionar información detallada sobre su situación financiera, patrimonial y familiar. Este requisito busca no solo prevenir el riesgo de que se realicen actividades delictivas sino también proteger la integridad del sistema financiero y la reputación de las propias PEP, asegurando que su riqueza y transacciones financieras se deriven de fuentes legítimas.
La transparencia y la cooperación por parte de las PEP en este proceso son fundamentales. Facilitar la debida diligencia permite un análisis de riesgo adecuado y fortalece el compromiso con la integridad y la responsabilidad pública. Cuando las PEP se muestran renuentes a proporcionar la información requerida, se generan sospechas sobre la legitimidad de sus activos o transacciones. Esta actitud no solo dificulta la labor de las entidades en su cumplimiento normativo sino que también puede ser interpretada como una señal de alerta de posibles actividades ilícitas. En tales situaciones, los oficiales de cumplimiento están obligados a proceder con un mayor escrutinio y, si es necesario, reportar a las autoridades reguladoras competentes, como la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en Colombia.
La cooperación y el entendimiento de la importancia de la debida diligencia intensificada por parte de las PEP son esenciales para prevenir la corrupción y el lavado de activos. Este compromiso no solo salvaguarda el sistema financiero sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde la confianza en las instituciones y en quienes las dirigen se mantiene sólida. Por lo tanto, es crucial que las PEP comprendan su rol dentro de este marco y faciliten activamente las acciones de debida diligencia, demostrando con ello su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión de los asuntos públicos y financieros. Esta actitud proactiva ante la debida diligencia no solo mitiga los riesgos de participación en actividades ilícitas sino que también refuerza la confianza pública en las instituciones y en los individuos que las representan, promoviendo así una cultura de legalidad y responsabilidad que es fundamental para el desarrollo sostenible y la democracia.