Análisis con base del nuevo Informe 75 y las últimas sanciones de la SuperSociedades.
En el contexto legal colombiano, las normativas de SAGRILAFT y PTEE son ahora imperativas y, a pesar de la resistencia por parte de las empresas y sujetos obligados, deben entenderse como requisitos legales impuestos por entidades de vigilancia como la Superintendencia de Sociedades.
Este nuevo marco legal ha obligado a una revisión exhaustiva de la función del Oficial de Cumplimiento, especialmente en lo que respecta al monitoreo y detección de contrapartes. En este sentido, la tecnología juega un papel cada vez más relevante, con la implementación de herramientas como bots RPA (Automatización Robótica de Procesos) y dashboards con inteligencia artificial que permiten un análisis de datos más agudo y eficiente.
La responsabilidad del Oficial de Cumplimiento ya no se limita a tareas administrativas, sino que requiere una labor analítica profunda, incluyendo la segmentación y evaluación de riesgos y la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Estas herramientas tecnológicas avanzadas facilitan una detección más precisa de señales de alerta y permiten una debida diligencia más objetiva frente a factores de riesgo, ofreciendo así una capa adicional de protección legal y financiera a la empresa, y demostrando una posición de integridad y buen gobierno corporativo.
Este cargo debe ser de alta responsabilidad en la estructura organizacional. Conlleva una formación especializada y, en congruencia con su importancia, un salario acorde a roles de similar envergadura dentro de la organización y especialmente frente a la responsabilidad penal y patrimonial que representa. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de establecer un programa de compliance sólido que integre tanto la experiencia humana como las capacidades tecnológicas, funcionando como una anticipación jurídica en el caso de posibles litigios o desafíos legales.
En conclusión, la figura del Oficial de Cumplimiento en la era de SAGRILAFT y PTEE trasciende el mero cumplimiento normativo. Se ha erigido como un elemento esencial en la toma de decisiones estratégicas dentro de una cultura de gestión de riesgos, en especial cuando se ve complementada por tecnologías avanzadas para el análisis y monitoreo de datos. Las empresas que minimicen la importancia de este rol y de estas herramientas tecnológicas no solo corren el riesgo de enfrentar severas consecuencias legales y financieras, sino que también quedan desprotegidas en términos de defensa penal y patrimonial. Esto es particularmente delicado si se ven involucradas en actividades ilícitas de terceros que empleen la compra y venta de sus productos como medio para legitimar acciones delictivas, o si se materializa un contagio interno en casos de soborno, corrupción, fraude y, en particular, delitos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Este es un llamado a que los empresarios tomen con seriedad el tema del compliance y lo vean como una excelente oportunidad para vivir y demostrar la integridad corporativa. El primer paso es buscar personal competente, independiente y ético que se encargue del proceso de implementación de SAGRILAFT y PTEE. Sin embargo, lo más importante es comprender que esto se trata de un sistema de integridad corporativa que se está integrando gradualmente, como ya podemos observar en el informe 75 de la Supersociedades, donde estos dos sistemas se han unificado en un solo reporte.
Recuerden que no basta con hacer un simple copiado y pegado de una política, un manual o una matriz. Se trata de un sistema vivo que debe garantizar la detección oportuna de alertas para evitar que las operaciones sospechosas se materialicen, quedando en simples intentos. Es en este punto donde el sistema de integridad propuesto adquiere su verdadero valor.